Durante este año 2014 se ha producido un déficit de tarifa inesperado en el sector eléctrico, lo que obliga al gobierno a elevar los peajes de electricidad. En una maniobra política, se ha optado por congelar estos peajes y obligar a asumir el coste del concepto de “sistema de interrumpibilidad” a las compañías comercializadoras, que en la práctica lo trasladarán directamente a sus clientes.
La forma de pagarlo se espera que sea a través de un nuevo concepto que se liquida en los mercados de ajuste de Red Eléctrica. Todavía no se conoce de manera exacta si va a ser a través de los conceptos que ya conocemos hoy en día (Procesos de operación del sistema o Restricciones) o si se va a generar un concepto nuevo. Lo que si tenemos claro es que el 1 de Enero todos los KWh que vendan van a estar afectados por un coste nuevo.
Estimamos que el coste general va a ser del orden de 2 €/MWh número no oficial que hemos estimado dividiendo el coste de las subastas de interrumpibilidad (507MM€) entre la demanda general del sistema en un año que suele estar en el orden de 250TWh.
Pero, ¿en qué consiste el sistema de interrumpibilidad?
En caso de que entre la generación prevista no pueda cubrir la demanda de electricidad en un momento puntual o se produzca un desequilibrio en una zona de la red de transporte, actúa la banda primaria de garantía de potencia. Si con eso no se corrige el problema, actúa la banda secundaria. Y, en última instancia, una serie de empresas, en bloques de 90 MW y 5 MW listas para ser desconectadas de la red. Estas empresas componen el sistema de interrumpibilidad.
Dado que el consumo en España se ha reducido considerablemente durante la crisis económica y que existe un exceso de potencia instalada en el sistema eléctrico español, este sistema no se ha utilizado una sola vez ¡¡¡¡desde 2009!!!!.
La razón por la que se siguen asumiendo estos costes por un servicio que no se utiliza es que las empresas que se benefician de estos pagos (a través de un descuento en su coste de energía) son grandes compañías multinacionales con un gran número de empleados en España, lo que les otorga capacidad de negociación directa con el gobierno central. En la práctica, se trata de una subvención a estas empresas ante la amenaza de deslocalizar su producción.
La amenaza de cierre de Alcoa por no obtener todos los ingresos que esperaba de la primera subasta de bloques o la demanda de ArcelorMittal por la imprevisibilidad de los ingresos del sistema son ejemplos de esta negociación que aparecen estos días en la prensa.
En definitiva, a ojos del consumidor final vemos el resultado de siempre: una subida más de los costes del sistema, aunque esta es especialmente difícil de comprender.